Publicado en CATHEDRA, 17/06/2026.
Los Territorios del Euskera (Euskararen Herriak o Euskal Herria, en lo sucesivo) afrontan una transición demográfica marcada por la longevidad y la baja natalidad. Las mejoras en la esperanza de vida, también en buena salud, son fruto del avance de los sistemas de bienestar, a su vez impulsados por el progreso científico‑técnico. Se trata, sin duda, de una muy buena noticia. Sin embargo, esta longevidad, combinada con una natalidad persistentemente baja, hace que la población envejezca de forma progresiva, configurando un escenario demográfico estructuralmente distinto al de etapas anteriores.
Este contexto demográfico no puede analizarse de forma aislada, ya que sus efectos se proyectan sobre el conjunto del sistema económico y social. Más allá de los evidentes impactos en la organización de los cuidados —entendida como la sostenibilidad de la vida—, un análisis ceteris paribus supone una reducción de la población en edad de trabajar implicando una ralentización del crecimiento económico. Este fenómeno sólo podría verse parcialmente compensado mediante un uso más eficiente del factor trabajo, es decir, a través de mejoras en la productividad derivadas de su combinación con otros factores como la inversión o la tecnología, especialmente en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial. Asimismo, y en un horizonte de medio plazo, esta transición demográfica puede suponer una reducción del stock de capital de la economía vasca, en la medida en que el desahorro de la población de mayor edad llegue a superar el ahorro de los grupos aún activos laboralmente.
En este escenario, el cambio demográfico exige, por un lado, una transformación profunda en la forma en que se organiza la sociedad: cómo se sostiene la actividad económica, cómo se garantiza la sostenibilidad de la vida y cómo se incorpora la diversidad de identidades. Por el otro lado, requiere (re)activar de manera inteligente determinadas palancas, entre las que destacan la inmigración y la natalidad.
Aportación de las migraciones
Las migraciones no son un fenómeno nuevo; han estado en el contexto sociodemográfico vasco desde tiempo atrás. Con una mirada retrospectiva a este siglo, la aceleración resulta evidente: si en 2004 la población nacida en el extranjero suponía el 3,04% en Euskadi y el 8,21% en Navarra, en 2024 estos porcentajes se sitúan en el 13,5% y el 18,88%, respectivamente, lo que evidencia un cambio estructural profundo en la composición social de los Territorios del Euskera peninsulares.
Adicionalmente, los datos recientes evidencian que el saldo migratorio positivo está actuando como principal motor del crecimiento poblacional, compensando un crecimiento natural negativo asociado a la baja natalidad y al envejecimiento. Así, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el saldo migratorio alcanzó en 2024 las 20.870 personas, mientras que en Navarra se situó en las 7.264 personas. Esto implica que, en ausencia de flujos migratorios, la pérdida de población sería acusada. La inmigración permite, por tanto, mantener niveles mínimos de crecimiento demográfico y sostener parcialmente la base de población en edad activa. Sin embargo, esta contribución no constituye una solución estructural completa. La inmigración actúa como un mecanismo de ajuste que amortigua los efectos de la transición demográfica, pero no altera por sí sola sus tendencias de fondo.
El efecto de las migraciones sobre la economía y los sistemas de bienestar se vincula directamente con su capacidad para compensar la reducción de la capacidad de trabajo. La llegada de población en edades laborales puede contribuir a sostener la actividad económica y a mantener la base de cotización. Esta potencial contribución depende, no obstante, de la forma en que la sociedad articula procesos efectivos de inclusión, entendida no como adaptación unidireccional de las personas migrantes al contexto receptor, sino como un proceso bidireccional que transforma tanto a quienes llegan como a las propias estructuras sociales.
La experiencia europea reciente evidencia los riesgos de no abordar adecuadamente este reto. Los últimos episodios de violencia y disturbios en Irlanda del Norte muestran cómo tensiones acumuladas, percepciones de inseguridad o problemas estructurales pueden desencadenar conflictos cuando la diversidad no se gestiona desde la inclusión.
Las universidades, especialmente las públicas, y en nuestro caso Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), podemos y debemos desempeñar un papel estratégico en la cualificación de base y en los procesos de up‑skilling de las personas migrantes, facilitando su acceso a sectores de mayor valor añadido y reforzando su contribución al tejido productivo. No menos importante resulta la contribución de determinadas profesiones como el trabajo social que, introduciendo en el currículo formativo las estrategias para adquirir las competencias para entender y acompañar el fenómeno, pueden ser determinantes en la construcción del nuevo escenario de interculturalidad, no sólo acompañando a las personas en sus trayectorias vitales, sino promoviendo el cambio social y la transformación de las estructuras, impulsando procesos de inclusión real y efectiva en contextos diversos.
PEMA, una nueva encrucijada
El momento actual es determinante. La entrada en vigor el 12 de junio de 2026, con carácter de obligado cumplimiento para los estados, del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) marca un cambio profundo en la gobernanza migratoria europea. Este paquete legislativo, aprobado en 2024 tras años de negociación, establece un sistema común y vinculante para la gestión de la migración y el asilo en la Unión Europea.
En términos sustantivos, el Pacto introduce una transformación integral del modelo previo. A partir de ahora, la gestión de los flujos se organiza en torno a procedimientos uniformes y acelerados de asilo, especialmente en frontera, acompañados de sistemas obligatorios de identificación y cribado previo a la entrada en territorio europeo. Estas medidas se complementan con el refuerzo de los mecanismos de retorno para las solicitudes denegadas y con la ampliación de las bases de datos biométricas, que permiten un seguimiento más exhaustivo de las personas migrantes.
Este nuevo contexto normativo incidirá directamente en la manera en que se configurarán los flujos migratorios. Para Euskal Herria el nuevo marco europeo introduce una tensión estructural, porque la inmigración es imprescindible para sostener el crecimiento económico y el nuevo contexto promete endurecer la llegada de personas en edad de trabajar.
El PEMA no regula ámbitos clave como la migración laboral o las políticas de inclusión, que son precisamente los más relevantes para el funcionamiento del modelo socioeconómico vasco, sino que se centra en la gestión de la inmigración irregular y el asilo. Esta tensión entre la vocación del marco normativo europeo y la realidad de los territorios vascos nos interpela a avanzar en el desarrollo de alianzas públicos-privadas y publico-sociales, además de ahondar en la gobernanza multinivel de las políticas de inclusión social y laboral.
El nuevo contrato social vasco
En definitiva, los Territorios del Euskera se sitúan ante un momento decisivo en el que la transición demográfica y el nuevo marco europeo de gestión migratoria configuran un escenario inédito. La inmigración ha pasado en pocos años a representar un porcentaje creciente de la población, constituyéndose no sólo como una palanca demográfica, sino como un elemento estructural de la nueva realidad social vasca.
Este contexto obliga a ser audaces, como conciudadanos, como instituciones y como comunidad; dar un paso más allá. No se trata únicamente de gestionar flujos, sino de construir una sociedad genuinamente intercultural y cohesionada, genuinamente vasca. Ello implica reconocer la diversidad como un rasgo constitutivo y permanente, del pasado y del futuro, y no como un fenómeno coyuntural, articulando espacios de convivencia basados en el reconocimiento mutuo, la igualdad de derechos y obligaciones, y la participación plena, sin renunciar a los valores y rasgos que como sociedad nos han traído hasta el presente.
En última instancia, el verdadero reto no es ni demográfico ni económico, sino profundamente social y político: hacer de la inclusión y la interculturalidad los pilares de un nuevo contrato social vasco, donde prosperidad y cohesión avancen de forma conjunta y donde la diversidad se traduzca en una oportunidad compartida de desarrollo.
